Política y prácticas comerciales

En los estudios que nos presentan esos arúspices modernos que son los sociólogos se pone de manifiesto cómo la distancia entre la ciudadanía y los políticos se ensancha cual cintura descuidada y se ahonda como una cicatriz irreversible. Al paso que llevamos en la degradación de nuestra democracia, muchos políticos se convertirán pronto en pastores de silencios. Simples estatuas desgarbadas. Y además desairadas pues que muy pocos atenderán sus sermones.

El pueblo español es, con todo, fiel al sistema democrático pero lo cierto es que este sufre un serio desgaste a los ojos de una gran parte de la ciudadanía. Prueba de ello son los movimientos que, tanto en redes sociales como en las plazas españolas, han irrumpido de forma inesperada en el escenario político.

Ahora bien, esta situación no es producto del azar ni de una conjunción desafortunada de fenómenos astrales sino el resultado de un esfuerzo sostenido y de un trabajo prolongado, aplicado por personas (in) competentes sin treguas ni desfallecimientos.

Ahí está para corroborarlo este catálogo de trapacerías, más abultado que el de las conquistas de don Juan recitado por Leporello en el libreto de Lorenzo da Ponte para Mozart: el extravío de la función constitucional de los partidos y la instauración de una partitocracia desapacible; el mensaje ambiguo de esos partidos, lo que les obliga a repetir eslóganes en la creencia de que sus destinatarios son unos mastuerzos; la conquista del Poder como medida de todas las cosas; una bochornosa financiación que les permite con total descaro no pagar sus deudas; la creación en las Administraciones -por el viejo sistema del botín- de un funcionariado adicto, propio de regímenes políticos ineficaces; la multiplicación de estructuras clientelares, aquí en el centro y allá en las periferias ... ¿Para qué seguir? La pregunta inquietante es ¿tiene todo esto arreglo?

Creemos que difícilmente y una prueba de ello es que se ha modificado la legislación electoral y, fuera de apretar las tuercas al mundo de los terroristas, lo que está muy bien, otros problemas serios y urgentes han quedado vírgenes. En ella se ha consagrado la empobrecedora hegemonía de unos pocos partidos que serán árbitros de todo lo que se mueva en la sociedad con la ayuda -siempre desinteresada- de esas fuerzas auxiliares que representan los nacionalistas, únicos que de verdad gustan a los que vienen ejerciendo la responsabilidad de gobernarnos.

Pero como no es bueno dejarse abatir, nos atrevemos a proponer un simple cambio de comportamiento y ningún momento mejor que este, cuando han aleteado por el cielo de este otoño embrujado las aves cantarinas de las elecciones, los mítines con trompetería, los repartos de globos y los apretones de manos a los vendedores de los mercados.

Consistiría en trasladar aquello que es habitual en las prácticas comerciales a la lucha política. Sabemos que cuando El Corte Inglés nos anuncia una de esas semanas de rebajas que duran varios meses, se limita a transmitirnos la bondad de sus ofertas sin que en ningún momento pueda descalificar a las que proceden de Mercadona o Carrefour. Tampoco a estas últimas se les ocurre desacreditar a su contrincante.

De esta forma se desenvuelve la vida en el seno de esa pelea que implica la búsqueda del cliente. Una pelea que está regida por varias normas, entre ellas la ley general de Publicidad y la de Competencia desleal.

De acuerdo con la primera se declara ilícita “la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva” (artículo 3). Y es en la segunda donde se definen los actos contrarios a Derecho que parten de “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” (artículo 4) precisando a continuación la ley las conductas engañosas, los actos que generan confusión, las prácticas agresivas, las denigratorias y, en general, aquello que pueda calificarse como desleal.

Así, son engañosos los actos que contienen una información falsa o pueden inducir a error, los que ocultan u omiten información necesaria o es poco clara, ininteligible o ambigua. Explicitamente ilegales son aquellas prácticas que emplean un lenguaje amenazador o insultante. Y también resultan desleales las que menoscaban el crédito de un empresario que no sean exactas, verdaderas o pertinentes.

Los tribunales ordinarios, encargados de hacer respetar estas previsiones, se pronuncian frecuentemente sobre conflictos suscitados entre empresarios. Se cuentan por cientos las sentencias en tal sentido y así, de su lectura, sabemos que algunas campañas publicitarias han sido prohibidas porque no cumplían los requisitos de una leal comparación entre productos o establecimientos. O que el anuncio “el nuevo corte se queda corto” se declaró ilegal porque constituía un juicio de valor “para desprestigiar la actividad comercial de la competidora, innecesario al fin de establecer una comparación útil o tolerable para el buen funcionamiento del sistema concurrencial” (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2006). Por esas fechas, ese mismo Tribunal nos enseñó que “la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente ... producir el descrédito del competidor o de su producto, o la difusión de aseveraciones falsas en su perjuicio” son comportamientos desleales y, por ello, ilícitos porque “suponen un ataque a la reputación del tercero” (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2006).

Y en la más reciente del Juzgado mercantil número 1 de Madrid de 13 de septiembre de 2010 se puede leer que “tildar a un competidor de parásito, ladrón, estafador o inútil, constituye indudablemente un grave acto de denigración subsumible sin matiz alguno en [las previsiones] de la ley de Competencia desleal”. Porque, sigue diciendo el juez, no se puede convertir el mercado en un “zoco de improperios”.

Magnífica expresión esta que describe lo que, en la realidad de cualquier campaña electoral, se convierte el debate político: un zoco de improperios.

Claro es que los empresarios cuentan para su protección con unos jueces independientes que aplican sin más el Derecho. Esto muy defectuosamente ocurre en el ámbito político donde el protagonismo de la tutela jurídica de los contendientes está atribuida a un órgano como es la Junta Electoral Central, trufada de una manera insolente por los intereses partidarios y donde las leyes que más se aplican son la del embudo (“para mí lo ancho y para tí lo agudo”) o la de bronce del “hoy por tí, mañana por mí”.

Antes de las elecciones pasadas, esta Junta, verdadero hallazgo de la arquitectura electoral española, publicó unas Instrucciones para interpretar las ya restrictivas reglas de la legislación electoral. En ellas se llegó a obligar, incluso a las televisiones privadas, a seguir criterios de proporcionalidad en la información de las campañas electorales dependiendo del resultado de las elecciones anteriores. Añadiendo la perversión de “elecciones equivalentes”, para taponar cualquier orificio por el que se pudiera orear el sistema.

Es decir que, si la vigilancia de la práctica de las relaciones comerciales estuviera atribuida a la Junta Electoral central, sería casi imposible para el consumidor español conocer la existencia de un yogur nuevo.

Y así, cucharada a cucharada, la democracia española va camino de convertirse en un yogur caducado.

Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes